UN EURO POR RECETA: UNA FILOSOFÍA DE SANIDAD Y DE ESTADO


Publicado en Diario de Sevilla 9/noviembre/2012

En una demostración de las muchas similitudes que tienen los gobiernos conservadores españolistas y catalanistas, el Partido Popular que gobierna en la Comunidad de Madrid, ha decidido copiar la medida impuesta hace meses por Convergencia i Unió en la Generalitat de Catalunya, de imponer a los usuarios de la Sanidad pública el pago de un euro por receta. Según el nuevo presidente de los madrileños Ignacio González, se trata de medida disuasoria y no recaudatoria, aunque prevean el ahorro de 83 millones de euros para las arcas. Hasta ahora, nadie ha relacionado estos ingresos con las deducciones fiscales que supondría el proyecto Eurovegas en Madrid, que la Plataforma “Eurovegas no” estima, entre deducciones y ahorro de IBI, de 905 millones de euros en diez años.

El euro por receta, más allá de otras consideraciones y conjeturas, introduce, al igual que el copago/repago, una penalización por enfermedad, que incide, una vez más, como otras medidas que ha impuesto el Partido Popular, sobre las capas más desfavorecidas de la sociedad, que son además las que padecen más la enfermedad.

Penalizar la enfermedad es una carga de profundidad contra una sanidad no exenta de muchas deficiencias, pero que había supuesto una conquista social que ahora está en peligro. Que un Estado decida tener un sistema sanitario público, universal y gratuito, significa un acuerdo, por el que los ciudadanos asumen que ninguno de los que constituyen esta comunidad va a dejar de tener acceso a la salud, con independencia de su condición económica o social. Esto es una decisión política, de protección de unos a otros frente a la enfermedad, y que nace como consecuencia de que el derecho a la salud se convierta en un aspecto esencial de la carta de los Derechos Humanos. Pero además, se ha visto que hacerlo desde una atención primaria fuerte, en la que el medicamento es uno de los recursos terapéuticos básicos, es mucho más barato y eficiente. El medicamento es el recurso terapéutico más económico para abordar la enfermedad, y si se utiliza de forma adecuada, evita ingresos hospitalarios, utilización de dispositivos sanitarios mucho más costosos y costes sociales enormes, como las bajas laborales o jubilaciones anticipadas por enfermedad. Que existen medicamentos, financiados por el Estado y de más que dudosa utilidad terapéutica, está fuera de toda duda, y por ahí, en cuanto a una política racional de financiación de medicamentos, podría haber mejoras sustanciales de eficiencia. Pero una vez más, como con el tema de los desahucios por impagos hipotecarios, el gobierno ha decidido ponerse del lado de las grandes empresas, en lugar del de los ciudadanos que los auparon al poder.

Introducir esta tasa al consumo es un ataque frontal a la Salud Pública y supone continuar en la senda de sustituir un sistema sanitario público y universal, financiado a través de los impuestos, por un modelo similar al de los seguros privados, en la línea de los nuevos hospitales de Madrid y Castilla La Mancha, de gestión privada pero integrados en el sistema público, en el que el Estado pasa de ser garante a cliente. El resultado sin duda será el de tener que aumentar el porcentaje del PIB dedicado a sanidad, lo que se venderá como un avance, cuando en realidad constituye un derroche del que se resentirán otras políticas sociales necesitadas de financiación. Porque si el sistema sanitario español ha dedicado menos porcentaje de PIB a sanidad lo ha sido por su calidad y eficiencia y no por racanería. Y lo que necesita un sistema sanitario como el español es invertir más en recursos humanos, modernizar más su modelo de atención sanitaria, atendiendo a la complejidad que supone el abordaje de los pacientes crónicos y polimedicados, que son los que implican mayor necesidad de recursos a emplear.

Insistir en este tipo de medidas no significa únicamente castigar al que más necesita y menos puede pagar, con las consecuencias sobre el bolsillo de todos que esto implica. Significa también no abordar de frente el tema de la financiación pública de medicamentos. Significa dar la espalda a la opinión de los profesionales implicados, que conocen muy bien el problema, puesto que lo sufren a diario junto a los pacientes. Significa, en definitiva, un modelo de gobernar a espaldas de los ciudadanos y a favor de medidas cortoplacistas y de los grandes poderes económicos. Una forma de hacer las cosas en las que se culpabiliza al ciudadano y sus abusos de la crisis de este país. Mientras tanto, después de que muchos pierdan sus casas, sus trabajos y sus empresas, el Estado financia y rescata con dinero público, español o europeo, las malas prácticas empresariales privadas que nos han llevado hasta aquí.

Un Estado que castiga a los más débiles supone un retroceso social que nos lleva a tiempos pasados, y en esto perdemos todos. Por ello no es casualidad que haya quien discuta precisamente eso, la conformación del propio Estado y se evidencie la necesidad de acercar los órganos de decisión a los ciudadanos. Con el peligro emergente de que, al igual que algunos tratan de romper lo conseguido en lugar de reformarlo, se está alimentando a que otros traten de hacer lo propio con el modelo democrático de convivencia, que tanto tiempo y de manera tan imperfecta, hemos tardado en conseguir.

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