RECUPERAR EL PRESTIGIO DEL FARMACÉUTICO (VII)


GARGARASCuando comencé a ejercer como farmacéutico comunitario la financiación pública de los medicamentos era prácticamente total: colutorios, antigripales, multivitamínicos, laxantes aparecían en recetas de pensionistas y trabajadores.  Muchos de aquellos productos hoy ya ni siquiera están catalogados como medicamentos y se pueden encontrar a la venta en cualquier gasolinera o supermercado del país.

Conforme pasó el tiempo comenzaron las restricciones a la financiación de medicamentos y bastantes salieron de las prestaciones del sistema público de salud. Muchos que necesitaban receta médica para su dispensación, en cuanto salieron milagrosamente se tornaron en medicamentos de libre dispensación, e incluso publicitarios: los laboratorios solicitaban autorización para nuevas presentaciones, se reducían el número de unidades en los envases, se aumentaba el precio y a seguir vendiendo.

Al estado, actuando como empresa, pública de capital, pero al parecer únicamente interesada en su cuenta de resultados, le importaba poco, y le sigue importando lo mismo, que los ciudadanos a los que decía proteger pagase más por esos medicamentos. El argumento de la industria era y es bien sencillo: las pérdidas en ventas de unidades que se producían a consecuencia de la pérdida de la financiación pública se intentaría compensar con el aumento de precio que el usuario iba a tener que pagar, y para ello, qué mejor herramienta que la publicidad.

Las clases más desfavorecidas, las menos formadas, siempre han sido diana más sensible a esa publicidad, que comenzó con anuncios tradicionales y ahora encuentra a desvergonzados profesionales de la salud que invaden programas, casi siempre matinales ― ¿quién ve la televisión por las mañanas? ―, especialistas en sacarle el dinero a las personas humildes que no tienen otra vida que ver esos programas que atontan el espíritu. Nihil novum sub sole. En mis tiempos jóvenes ya la empanadilla Encarna anunciaba en su programa de radio aquellas cápsulas adelgazantes llamadas Diecur que costaban más de 5.000 pesetas (30 euros, que incluso veinticinco años después es un dineral para un laxante de algas). Un día me dijeron además que las empresas distribuidoras, para hacerse con aquellas mágicas cápsulas con precio para cagarse, además de composición, debían contactar con los representantes de la fallecida locutora de radio.

Y en este mundo tan opaco, de reglas tan arbitrarias, donde u día es una cosa y al otro la contraria, en esas aguas cenagosas, navega el farmacéutico, poniéndole la cara de su prestigio a un sinfín de medicamentos de dudosa utilidad, a cosméticos y complementos nutricionales más que cuestionables… y a la homeopatía a la que aludía nuestro colega de Madrid.

En aras de la supervivencia, el farmacéutico complementa sus cada vez menores ingresos por vía prestación pública con toda suerte de conejillos salidos de la chistera de otros y de los que se rasca una parte. A costa de su credibilidad como profesional.

Cada día, muchos pacientes además acuden a la farmacia a por medicamentos para los que legalmente se precisa receta médica, sí, esa que a lo mejor mañana no es precisa, y ayuda a la persona que no puede ir al médico porque su estructura familiar no le permite poner fuera un pie, o a aquella que no quiere ir al médico para que este realice un acto administrativo en lugar de sanitario (¿cuántos actos administrativos y no sanitarios realizan los médicos a lo largo de una jornada?), o a aquella que exige y el farmacéutico no se atreve a negarse porque sabe que va a perder un cliente y se lo van a vender en otra farmacia. Y todo con la vista gorda estatal, porque actuaciones así aligeran la factura que va a pagar, y al parecer lo importante es la factura y no la salud de los ciudadanos. No sé si eso es lo que dice la Constitución.

Me temo que la serie se va a alargar más de lo que pensaba. En resumen, para el estado el medicamento es una cuenta de resultados y el farmacéutico, un proveedor. El sistema sanitario deja de facto al farmacéutico fuera del sistema público de atención sanitaria al no considerarlo como un profesional de la salud. Y hacer eso al que se responsabiliza de entregar los medicamentos a la población es sencillamente patético. Y las culpas no las tiene el maestro armero.

CONTINUARÁ

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