DE QUIÉN ES EL SISTEMA SANITARIO

Artículo publicado en Diario de Sevilla, el 11 de marzo de 2014, en su página 20:

http://www.diariodesevilla.es/article/opinion/1727028/quien/es/sistema/sanitario.html

quien-se-ha-llevado-mi-quesoEl próximo sábado 29 de marzo, la Sociedad Española de Optimización de la Farmacoterapia (SEDOF), celebrará su IV Escuela en el barrio sevillano del Polígono Sur, tristemente conocido como las Tres Mil Viviendas. El Centro Don Bosco de los Salesianos acogerá amablemente a esta joven sociedad científica, que aún no tiene dos años de edad, lo que representa un hito en la historia de este barrio tan lleno de vida como señalado por los prejuicios. También se contará con el apoyo de Caritas de la Parroquia Jesús Obrero, en la que desde hace más de ocho años se desarrolla un proyecto pionero de apoyo económico, sanitario y psicosocial  a los usuarios de medicamentos del barrio.

SEDOF nació con el objetivo de agrupar profesionales de la salud concienciados e implicados en la necesidad de mejorar los resultados en salud de los medicamentos, mediante la implantación de Unidades de Optimización de la Farmacoterapia en el sistema sanitario y no cuenta con otro sustento económico que el de las cuotas de sus socios.

En España existe todavía una limitada sensibilización con los problemas que producen los medicamentos, a pesar de los estudios que demuestran que solo cuatro de cada diez medicamentos prescritos alcanzan las metas terapéuticas deseadas. Es decir, a día de hoy, el medicamento es más un problema que una solución. Y no, no son las reacciones adversas las únicas responsables, ya que estas tienen que ver solo con el 13% de los problemas; tampoco es el incumplimiento terapéutico, al que se le imputan el 6% de los fallos de la farmacoterapia. La realidad es mucho más compleja, y de ello no tienen culpa los médicos cuando prescriben, ni la industria farmacéutica, que fabrica medicamentos de calidad. Se debe a la ausencia de profesionales que gestionen de forma integral una farmacoterapia muy compleja en pacientes polimedicados y pluripatológicos, que utilizan muchos medicamentos que comparten vías metabólicas comunes y que a menudo interfieren en la consecución de los resultados deseados.

El mal resultado de los medicamentos tiene consecuencias importantes sobre la salud de los pacientes y también sobre la salud económica de quien provee la atención sanitaria y social de estos, que en España, hay que recordarlo, es el estado: utilización de más medicamentos, bajas laborales, ingresos hospitalarios, jubilaciones anticipadas por enfermedad…Unos costes enormes, que doblan al menos los que provoca el gasto farmacéutico, y evitables en gran parte si se contasen con estos mecanismos de contrapeso que suponen las Unidades de Optimización de la Farmacoterapia.

Los resultados en Estados Unidos de estas unidades son espectaculares, con un ahorro medio de 2.500 euros al año por paciente atendido. Esto supone que los ahorros producidos atendiendo treinta pacientes al año, menos de tres pacientes al mes, pagarían los costes del profesional que los asistiera. Si se tiene en cuenta que la capacidad de atención es lógicamente muy superior, el ahorro producido subsiguiente iría íntegramente a las arcas del proveedor del servicio, es decir, el estado; es decir, a su bolsillo y al mío.

Estas Unidades se están implantando con éxito en Estados Unidos, en un sistema sanitario muy caro, gestionado por aseguradoras privadas, pendientes de reducir costes para otorgar más beneficios a sus accionistas y de captar clientela con servicios que las diferencien. Sin embargo, en España, un país en una profunda crisis económica y que fue pionero en Europa en la sensibilización con estos nuevos sistemas de gestión y en la formación de profesionales, sigue sin haber interés por parte del estado en implantar este tipo de servicios. Me duele pensar que esto se debe a que el estado, en lugar de ser de todos, sencillamente no es de nadie.

EL PP EXTERNALIZA A LASQUETTY

hastaluegolucasLasquetty ya está en la calle y las intenciones de privatizar la sanidad pública por parte del Partido Popular sufren un serio revés, ojalá que definitivo. Quizás sea el motivo por el que el antiguo director para España y Portugal del bancorroto Lehman Brothers y actual Ministro de Economía don Luis de Guindos, mandara a tomar por culo a un periodista a cuenta de la posible subida de la gasolina.

Esperemos que a partir de ahora dejemos de picar en el anzuelo de que la gestión privada de la cosa pública es más barata, más eficiente y mejor, y caigamos en la cuenta de que la sanidad pública es un derecho que los ciudadanos españoles hemos querido darnos, como consecuencia de decidir que todos cuidamos de la salud de todos y lo pagamos a través de nuestros impuestos, para que nadie muera o deje de tratar su enfermedad por cuestiones económicas. Una cuestión de civilización y no de negocio.

La sanidad pública es mucho más barata que la de gestión privada. Si no lo creen, basta buscar el porcentaje del PIB que gastan Alemania o Francia en sanidad y lo comparan con el de España. Ejemplo fehaciente de que las empresas exprimen al estado para hacer su negocio. La sanidad pública nunca es deficitaria ni insostenible, porque no da beneficios económicos ni puede darlos. Son nuestros impuestos los que la hacen posible.

De todas formas, no todo el monte es orégano y hay muchas cosas que mejorar en la sanidad pública. La multidisciplinariedad, la mejora de la atención primaria y la evaluación de nuevas tecnologías sanitarias eficientes, son buenos ejemplos.

Ha sido muy emotivo este triunfo del sentido común. Gamonal, Eurovegas, la readmisión de los interinos a la que los Tribunales han obligado a Cospedal…La democracia y la sociedad civil están aún vivas en este país, pero no hay que quedarse dormidos. Necesitamos fortalecernos, que los mimbres de nuestra sociedad civil sean más fuertes, que se pueda hacer política de todo pero que haya aspectos básicos intocables. Somos herederos de muchas generaciones de españoles que han pagado muy caro porque quienes hoy estamos aquí disfrutemos de conquistas que no nos han regalado.

Queda mucho por hacer, hay muchos frentes abiertos y esta gente no se va a quedar de brazos cruzados. Pero hoy nos podemos dar el gustazo de decir Bye- bye, Laquetty.  Porque no somos tan ordinarios como para decir lo mismo que de Guindos. Aunque lo pensemos.

La imagen utilizada para ilustrar ha sido obtenida de http://www.libreriaproteo.com

A QUIÉN ENGAÑAMOS CON ESTA POLÍTICA FARMACÉUTICA

2014-01-18 10.03.55La sociedad estima que la mejor forma de reconocer la labor del farmacéutico comunitario es que perciba sus honorarios de acuerdo a un margen comercial al dispensar los medicamentos. Y por tanto, como Ronaldo o Messi, que ganan mucho como futbolistas porque meten muchos goles, cuanto más vendan esos farmacéuticos más altos serán su salario y mejor  considerados socialmente estarán, al disfrutar de mejores coches, viviendas en localizaciones más exclusivas y todo aquello que el dinero puede ofrecer, que no es mucho pero sí muy deseado por nuestra sociedad, inclusive para aquellos que hacen las leyes.

Pensar que un colectivo, no hablo de los bienintencionados héroes y los malvados villanos que en cualquier profesión existen,  va a hacer algo distinto de lo que le marca la ley y el sentido común es de tontos o de hipócritas. Pensar también que si cambia esa orientación los profesionales no vayan a hacerlo, también.

SIN COBRAR NO SE PUEDE TRABAJARUna profesión también es su remuneración escribí en este blog hace unos meses. Por tanto, al igual que a Ronaldo no se le pide que marque menos goles para salvaguardar la honorabilidad de un guardameta, al lobo que guarde las ovejas del pastor o al banquero que deje de estrujar a sus clientes para sacarles lo máximo que pueda, al farmacéutico no se le debe exigir nada que no marque la legislación vigente de manera precisa y que esté definido por su modelo de percepción de honorarios. Así que, mientras exista ese perverso modelo solo se va a conseguir lo que ya se consigue. Decir lo contrario no es más que hipocresía; criticarlo por quien tiene en la mano que sea de otra forma, practicar un deporte tan propio de este país, clerical hasta para los anticlericales, como el del prejuicio.

El problema no es lo que hacen los farmacéuticos comunitarios, sino lo que podrían hacer, y si eso que podrían hacer resultaría de utilidad para la sociedad. Rasgarse las vestiduras por lo que hacemos estaría bien si a pesar de que se ofrece el camino para cambiar no lo hacemos. Por tanto, ¿a qué coño juegan quienes nos critican? Que yo sepa, a eso: al prejuicio, a rasgarse las vestiduras y a la hipocresía.

El colectivo no quiere cambiar. Por supuesto, ¿qué colectivo quiere cambiar, y más si no hay una alternativa concreta? Pero el problema no es que se quiera o no cambiar, las resistencias internas. El verdadero problema es que quien tiene la capacidad de que esto cambie ejerza ese poder que tiene. A los políticos, y no me refiero solo a quienes elegimos para nuestros parlamentos, sino también a los de nuestra profesión, se les llena la boca de palabras contenidas de vacío, las idóneas para mirar hacia otro lado. Resulta tremendamente triste cómo un sistema público de salud, pagado por los impuestos de los ciudadanos, se permite mirar hacia otro lado con la sangría social y económica que producen los medicamentos. Esta ineficiencia es la excusa perfecta para los depredadores del estado, que ven en la privatización de servicios públicos el nicho que necesitan para seguir haciendo negocios a nuestra costa.

Es vomitivo que un problema de tan altísimo coste, como la morbi- mortalidad evitable producida por medicamentos, que encarece los costes de atención sanitaria y prestaciones sociales, con una mortalidad que multiplica varias veces la de los accidentes de tráfico, que tiene tecnología sanitaria capaz de disminuirlo drásticamente, que goza de un profesional con el que, si se tiene un mínimo de paciencia y un mínimo de coherencia, no se le dé la respuesta adecuada, la que se le está dando en otros países con éxito. Quizás porque este país no es un país de éxito sino de fracaso, y donde el fracaso social no es más que el espejo del de los colectivos y las personas que lo integramos.

Cada euro que se invierte en pagar a un farmacéutico clínico por disminuir esto, hace que la sociedad ahorre cuatro euros, que puede emplear en otras cosas.

Mientras esperamos alguna respuesta, sigamos en la misma línea. Aquí tiene la foto de trece Glucagon Hipokit® tirados en el contenedor de una farmacia para su destrucción ecológica. Como en el antiguo concurso de la tele: 13 glucagones, a  21,46 € cada uno, 278,98 € tirados a la basura. ¡Un, dos, tres, responda otra vez! Pero responda, responda quien tenga autoridad moral para decir que este es el camino para una profesión y para una sociedad en materia de medicamentos.

P.D.: Dedicado solo a los farmacéuticos comunitarios que me tachan de radical o de estar en contra de la farmacia comunitaria:si has leído esto y todavía lo crees, vete a la mierda.

Fotos: la del emdicamento es de mi archivo personal; la de la manifestación está publicada en http://www.sociedad.elpais.com

UN EURO POR RECETA: UNA FILOSOFÍA DE SANIDAD Y DE ESTADO

Publicado en Diario de Sevilla 9/noviembre/2012

En una demostración de las muchas similitudes que tienen los gobiernos conservadores españolistas y catalanistas, el Partido Popular que gobierna en la Comunidad de Madrid, ha decidido copiar la medida impuesta hace meses por Convergencia i Unió en la Generalitat de Catalunya, de imponer a los usuarios de la Sanidad pública el pago de un euro por receta. Según el nuevo presidente de los madrileños Ignacio González, se trata de medida disuasoria y no recaudatoria, aunque prevean el ahorro de 83 millones de euros para las arcas. Hasta ahora, nadie ha relacionado estos ingresos con las deducciones fiscales que supondría el proyecto Eurovegas en Madrid, que la Plataforma “Eurovegas no” estima, entre deducciones y ahorro de IBI, de 905 millones de euros en diez años.

El euro por receta, más allá de otras consideraciones y conjeturas, introduce, al igual que el copago/repago, una penalización por enfermedad, que incide, una vez más, como otras medidas que ha impuesto el Partido Popular, sobre las capas más desfavorecidas de la sociedad, que son además las que padecen más la enfermedad.

Penalizar la enfermedad es una carga de profundidad contra una sanidad no exenta de muchas deficiencias, pero que había supuesto una conquista social que ahora está en peligro. Que un Estado decida tener un sistema sanitario público, universal y gratuito, significa un acuerdo, por el que los ciudadanos asumen que ninguno de los que constituyen esta comunidad va a dejar de tener acceso a la salud, con independencia de su condición económica o social. Esto es una decisión política, de protección de unos a otros frente a la enfermedad, y que nace como consecuencia de que el derecho a la salud se convierta en un aspecto esencial de la carta de los Derechos Humanos. Pero además, se ha visto que hacerlo desde una atención primaria fuerte, en la que el medicamento es uno de los recursos terapéuticos básicos, es mucho más barato y eficiente. El medicamento es el recurso terapéutico más económico para abordar la enfermedad, y si se utiliza de forma adecuada, evita ingresos hospitalarios, utilización de dispositivos sanitarios mucho más costosos y costes sociales enormes, como las bajas laborales o jubilaciones anticipadas por enfermedad. Que existen medicamentos, financiados por el Estado y de más que dudosa utilidad terapéutica, está fuera de toda duda, y por ahí, en cuanto a una política racional de financiación de medicamentos, podría haber mejoras sustanciales de eficiencia. Pero una vez más, como con el tema de los desahucios por impagos hipotecarios, el gobierno ha decidido ponerse del lado de las grandes empresas, en lugar del de los ciudadanos que los auparon al poder.

Introducir esta tasa al consumo es un ataque frontal a la Salud Pública y supone continuar en la senda de sustituir un sistema sanitario público y universal, financiado a través de los impuestos, por un modelo similar al de los seguros privados, en la línea de los nuevos hospitales de Madrid y Castilla La Mancha, de gestión privada pero integrados en el sistema público, en el que el Estado pasa de ser garante a cliente. El resultado sin duda será el de tener que aumentar el porcentaje del PIB dedicado a sanidad, lo que se venderá como un avance, cuando en realidad constituye un derroche del que se resentirán otras políticas sociales necesitadas de financiación. Porque si el sistema sanitario español ha dedicado menos porcentaje de PIB a sanidad lo ha sido por su calidad y eficiencia y no por racanería. Y lo que necesita un sistema sanitario como el español es invertir más en recursos humanos, modernizar más su modelo de atención sanitaria, atendiendo a la complejidad que supone el abordaje de los pacientes crónicos y polimedicados, que son los que implican mayor necesidad de recursos a emplear.

Insistir en este tipo de medidas no significa únicamente castigar al que más necesita y menos puede pagar, con las consecuencias sobre el bolsillo de todos que esto implica. Significa también no abordar de frente el tema de la financiación pública de medicamentos. Significa dar la espalda a la opinión de los profesionales implicados, que conocen muy bien el problema, puesto que lo sufren a diario junto a los pacientes. Significa, en definitiva, un modelo de gobernar a espaldas de los ciudadanos y a favor de medidas cortoplacistas y de los grandes poderes económicos. Una forma de hacer las cosas en las que se culpabiliza al ciudadano y sus abusos de la crisis de este país. Mientras tanto, después de que muchos pierdan sus casas, sus trabajos y sus empresas, el Estado financia y rescata con dinero público, español o europeo, las malas prácticas empresariales privadas que nos han llevado hasta aquí.

Un Estado que castiga a los más débiles supone un retroceso social que nos lleva a tiempos pasados, y en esto perdemos todos. Por ello no es casualidad que haya quien discuta precisamente eso, la conformación del propio Estado y se evidencie la necesidad de acercar los órganos de decisión a los ciudadanos. Con el peligro emergente de que, al igual que algunos tratan de romper lo conseguido en lugar de reformarlo, se está alimentando a que otros traten de hacer lo propio con el modelo democrático de convivencia, que tanto tiempo y de manera tan imperfecta, hemos tardado en conseguir.

COPAGO FARMACÉUTICO: RETRATO DEL DESCONOCIMIENTO Y SUS CONSECUENCIAS

Estamos a escasos quince días de la aplicación del Real Decreto 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud. A pesar de que la intención del gobierno es que el 1 de julio, todavía no se ha generalizado en la población la consciencia de que muy pronto su aportación a la sostenibilidad del sistema, valga la repetición, va a aumentar. Va a aumentar, porque el sistema nacional de salud no era gratis antes, ni mucho menos. Lo pagábamos a través de nuestros impuestos, que de forma proporcional a nuestros ingresos económicos, a través del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas. Por tanto, aunque no era gratis, sí que era un sistema solidario, además de universal. Lo primero de todo que introduce el Decreto, y probablemente lo más grave para todos, es la pérdida de su universalidad, al dejar fuera de cobertura a los inmigrantes que residen de forma ilegal en nuestro país. La salud no es algo que entienda de fronteras y dejar sin asistencia a personas que están enfermas y no pueden pagarla, se volverá contra nosotros. La salud de cada habitante de un país no depende solo de lo que cada cual pueda cuidarse, sino que tiene que ver con la de los otros que viven en el mismo espacio. Por decirlo de otro modo, el más rico del Congo, si es que vive en el Congo y no se ha fugado, no tiene más esperanza de vida que cualquier habitante de nuestros barrios más humildes, gracias a que nuestras políticas de salud pública han sido, al menos hasta ahora, muy diferentes a las que han desarrollado los gobiernos del Congo. En referencia a los medicamentos, el asunto no tiene gravedad menor. Las preguntas son muy variadas: ¿Por qué introducir una tasa al consumo de medicamentos? ¿A quién se le está echando la culpa del exceso del gasto? ¿Por qué no seguir garantizando la universalidad realizando un mayor aporte a Sanidad de nuestro PIB, aporte que es de los más bajos en Europa? ¿A dónde va a ir ese esfuerzo que no se quiere hacer en Sanidad? No hay ningún estudio que demuestre que el copago farmacéutico disminuya los costes de la atención sanitaria (otra cosa es la explicación contable de la posible disminución de ese epígrafe, que luego puede venderse en los medios de comunicación amigos como ejemplo de éxito de una política determinada, que baja por un lado y se incrementa enormemente en otro apartado). En cambio, sí que hay estudios que indican las desigualdades que genera el copago. No se puede negar que nuestro sistema sanitario está hipermedicalizado, y que la consecuencia de ello es un aumento del gasto farmacéutico evitable, y la aparición de muchos problemas que generan costes importantes, derivados de esa polimedicación. Pero, si no se entiende esa hipermedicalización en el contexto de nuestras opulentas y débiles sociedades de los llamados países desarrollados, difícilmente se entenderá el origen último de lo que está pasando. La medicalización es una respuesta rápida, fácil, que requiere un mínimo esfuerzo por parte de quien lo usa, y evita sufrimientos como los engorrosos cambios en los estilos de vida. Es más rápido tomarse un antihipertensivo todos los días que bajar diez kilos de peso, evitar el consumo de sal o alcohol, o incluso hacer ejercicio físico que deje nuestro coche en el aparcamiento. Y esta fast solution tiene parangones en la fast food, en el fast way of life en el que vivimos, corriendo como pollos sin cabeza hacia no se sabe dónde. Limitar el acceso a los medicamentos mediante una tasa dificulta el acceso a quien menos tiene, y como salud y pobreza están íntimamente ligados, perjudicará más a las capas más desfavorecidas de la sociedad. Pero aún más triste es que cuando limitamos el acceso a medicamentos, estamos dificultando el recurso terapéutico más barato para abordar las enfermedades. Por muy mala fama que tengan los medicamentos, no hay nada más económico que tratar problemas de salud con fármacos. Limitar el acceso a, por ejemplo, antiulcerosos, podría aumentar la incidencia de ingresos hospitalarios por hemorragia digestiva o las cirugías de estómago. ¿Cuánto cuestan estos procedimientos, la estancia hospitalaria y sus consecuencias, es solo demagogia? Dificultar el acceso a antihipertensivos puede aumentar la incidencia de accidentes cardiovasculares, jubilaciones anticipadas por enfermedad y sus costes asociados, o pensiones de viudedad, etc, etc. No hay que limitar el acceso a los medicamentos y sí hay que gestionar muchísimo mejor este recurso terapéutico y todos los demás disponibles. Una sanidad más eficiente es posible sin que tengan que sufrir las consecuencias de estas políticas erráticas, que no solo son hambre para mañana, sino que ni siquiera son pan para hoy. La gestión integral de los medicamentos, para optimizar los resultados de los mismos, es algo esencial para disminuir los costes sociales y económicos de la hipermedicalización, y no lo es poner una tasa que solo conduce a aumentar las desigualdades en salud. La apuesta por una atención primaria multidisciplinar, centrada en el paciente y no en los medicamentos, es hoy más necesaria que nunca, si queremos introducir criterios reales de eficiencia al sistema público, sin que pierda su universalidad ni su solidaridad entre quienes compartimos un mismo espacio vital. El copago farmacéutico es el fiel retrato del desconocimiento de los políticos que nos vienen gobernando los últimos años, atrapados por unos gerentes analfabetos en lo que se refiere a aspectos esenciales de la cuenta de resultados, como los que generan la solidaridad y la universalidad de los servicios básicos, sean sanitarios, educativos o sociales. Unos tipos que no entienden el Estado como un lugar de encuentro para los ciudadanos, sino que lo conciben como la macro- empresa España S.A. Nuestro sistema sanitario tiene muchísimos aspectos por mejorar, entre ellos el aprovechamiento de los profesionales que colaboran en él, machacados por estas políticas erráticas y siguientes perjudicados, tras los pacientes. Y el caso de los más de cuarenta mil farmacéuticos que dispensan medicamentos, es el vivo ejemplo del desaprovechamiento para funciones que demandan a gritos en beneficio de los pacientes y de un sistema sanitario que se desangra entre la incompetencia y la falta de voluntad política. Pero el camino por el que nos estamos conduciendo en la actualidad continúa en una cuesta abajo, cuya pendiente no hace sino aumentar, con el peligro de la caída en picado a la que estamos abocados de continuar así.